En Guantánamo: Contrapunteo entre el guajiro y el guardabosque

Por Yisell Rodríguez Milán

Fotos: Lorenzo Crespo Silveira

Quiere el guajiro de Viento Frío, intrincada comunidad de San Antonio del Sur, cortar algunos árboles de su parcela allá en la mismísima cuenca del río Toa para vender la madera y alimentar a su familia. Pero no quiere el guardabosque, vigía de esa zona altamente protegida del Caribe insular, que se dañe así el ecosistema.

Este contrapunteo entre quien vive del monte y el que lo protege, no es asunto nuevo. De hecho, en algunas de las más de 25 áreas protegidas de Guantánamo, se han dado problemas con el campesino que durante años acostumbró en su finca a usar como leña aquello que ya no puede cortar, a rociar sus plantaciones con productos químicos que son “el terror” del medio ambiente y a pescar lo que hoy está prohibido.

Pero el caso del Toa es mucho más especial.

Este río, con una  longitud de 130 kilómetros, es el más caudaloso de Cuba. Nace en las montañas de Nipe-Sagua-Baracoa y  desemboca en las Cuchillas del Toa, territorio de la costa norte de la provincia que en 1987 fue declarado Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

De relevancia internacional, su enorme cuenca de unos mil 60 kilómetros cuadrados, es rigurosamente cuidada por el cuerpo de guardabosques que tiene en cuenta no sólo su aislamiento de los grandes centros urbanos sino además que está rodeada por los bosques tropicales mejor conservados de las antillas.

De ahí que la tala indiscriminada allí, por parte de quienes habitan en la zona u otros, pueda afectar gravemente el ecosistema. Y esto, de suceder, contrariaría la implementación del Lineamiento 133 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución que indica…Enfatizar en la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, el agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento de la educación ambiental”.

También estaría en franca oposición a lo estipulado en la Ley de Medioambiente sobre las Cuencas Hidrográficas. El documento plantea que la gestión ambiental en estas áreas debe asegurar que las actividades económicas y sociales se efectúen a partir la protección y el uso racional de los recursos naturales.

Existe incluso un Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas encargado de realizar acciones que integren y armonicen los principios y objetivos de la también conocida como Ley 81 con la actividad de las personas que viven en una cuenca y de ella depende su sustento económico.

Durante una visita reciente  de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Guantánamo a la comunidad de Viento Frío, se abordó la necesaria armonía que por las razones expuestas debe existir entre guajiros y guardabosques. Después de todo no por gusto  existen vías legales por las cuales quien vive de la tierra puede comercializar lo que en su finca crece sin atentar contra la naturaleza ni enemistarse con los protectores de la zona.

Los órganos locales del Poder Popular y el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente (CITMA), según quedó claro en aquella ocasión, son los encargados en cada territorio donde existe un área protegida de analizar lo que pide el campesino, valorar que tan nocivo o no es para el medio ambiente, aclarar las restricciones que tiene el trabajo allí y emitir permisos para que el hombre saque provecho sin lastimar la biosfera.

Lo malo serían entonces los extremismos de parte y parte porque ni el guardabosque puede quitar esa autorización legal sin dar razones ni el campesino irrespetar lo pactado con las autoridades. Sólo logrando esto es posible, no solo en la Cuenca del Toa sino en cualquiera de las 253 áreas protegidas de este país, una coexistencia pacífica a tono con lo que necesita el mundo.

Los compromisos de Cuba con respecto a este tema son fuertes. Lo demuestra el  Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo que tenemos, nuestra firma en la Convención sobre diversidad biológica y hasta el artículo 27 de la Constitución de la República donde el Estado reconoce la estrecha vinculación del ecosistema “con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia…” y se instituye como deber ciudadano la protección de la naturaleza.   

 

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